El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, denunció este martes penalmente a organizadores de una red de comunidades terapéuticas ilegales dedicada a captar personas que padecen adicciones, con el fin de estafar a sus familiares pidiéndoles dinero a cambio de un supuesto tratamiento de rehabilitación.

La organización, según la denuncia, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de los pacientes, procedían a su privación ilegítima de la libertad, manteniéndolos en graves condiciones de encierro, hacinamiento y dopaje compulsivo.

“Esta situación es una clara violación a los derechos humanos, que atenta contra la vida y la libertad. Esto no sólo genera consecuencias en la salud física, sino también afecta la salud mental de estas personas, causando daños irreparables”, manifestó el Defensor del Pueblo, quien además preside el Órgano de Revisión Local de la Ley Nacional de Salud Mental.

Además, recordó que “la Defensoría viene trabajando para denunciar este tipo de delitos que atentan contra la vida de miles de personas, en su gran mayoría jóvenes”.

Esta actuación se enmarca dentro de la nueva norma presentada en noviembre de 2021 por el Ministerio de Salud bonaerense para regular la habilitación y fiscalización sanitaria de instituciones de salud mental y consumos problemáticos.

Sobre la denuncia, Lorenzino aclaró que no sólo se funda en el daño a la salud, sino también “a las estafas sufridas por las familias, a quienes se les pedía importantes sumas de dinero a cambio de una internación en supuestas comunidades terapéuticas, que en realidad operaban clandestinamente en la zona de Pilar”.

En ese contexto, los jóvenes eran privados de su libertad y aislados sin posibilidad de contacto con el exterior, manteniéndolos en graves condiciones de encierro, dopaje compulsivo y reducidos a la servidumbre, de acuerdo a la denuncia de la Fiscalía.