El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda realizó un nuevo informe, esta vez destacó los niveles del empleo registrado en el país.
 
La profundización de la crisis económica a causa de la aparición de la pandemia implicó una mayor presencia del Estado, por ello, el ejecutivo nacional aplicó una serie de medidas con el objetivo de amortiguar el impacto negativo de la emergencia sanitaria en los ingresos y, por ende, en el empleo de las personas a fin de evitar un mayor deterioro del entramado productivo y social. En este marco, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) asistió a todas aquellas personas con imposibilidad de trabajar debido a la emergencia sanitaria y sostuvo la demanda de alimentos evitando un mayor crecimiento de la pobreza e indigencia. De igual modo, las empresas que mermaron su actividad por el riesgo epidemiológico fueron beneficiadas por los ATP. Al mismo tiempo, que se lanzaron diferentes líneas de créditos subsidiados por el Estado nacional, con el objetivo de financiar a las empresas que sufrieron las consecuencias de la cuarentena. Asimismo, la doble indemnización establecida desde el inicio del actual gobierno evitó que la tasa de desempleo aumente de manera súbita.
 
A pesar de la caída histórica de la actividad económica, las políticas públicas aplicadas evitaron un mayor deterioro en el mercado del trabajo.
 
Durante el período gobernado por la alianza Cambiemos, el sector productivo en general, y la industria manufacturera en particular fueron altamente dañadas por las políticas económicas aplicadas. Por ello, entre enero del año 2016 y diciembre del 2019, se observa que de los 48 meses de la gestión de Cambiemos, sólo 2 meses registraron un crecimiento del empleo industrial, un mes se mantuvo sin variación y el resto computaron caídas. Desde la asunción de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo Nacional, el empleo industrial creció en 13 de los 19 meses comprendidos entre enero del año 2020 y julio del corriente año. 2021. Asimismo, en 4 meses no experimentó variación alguna y en solo 2 meses registró bajas. Esta dinámica permitió, como se mencionó anteriormente, la recuperación de más de 22 mil empleos industriales. Dada que la economía argentina se encuentra en una situación de reactivación económica, es fundamental en el corto plazo el comportamiento de la demanda agregada, para consolidar la recuperación de la actividad económica y, por consiguiente, del nivel de empleo.
 
En julio del año 2021, el total de personas con trabajo registrado superó en 14.800 trabajadores a los computados en el mismo mes del año 2019. Cabe destacar que, en un escenario adverso para la plena expansión de las fuerzas productivas, la evolución del trabajo registrado denota un crecimiento continuo desde diciembre del año pasado hasta julio. Asimismo, en el mes de julio se observó una variación positiva de 0,5%, cabe destacar que las restricciones a la circulación de personas establecidas en parte del segundo trimestre no afectaron de manera considerable la actividad económica. Es menester señalar, que el avanzado plan de vacunación genera excelentes expectativas en el corto plazo con respecto a la consolidación de la reactivación económica y, por ende, para el mercado de trabajo.
 
Tomando el comportamiento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), a fin de analizar su trayectoria desde la asunción de la actual gestión, se observa que, a precios de julio del año 2021, el RIPTE se encuentra un 1,3% por encima de lo registrado en el mes de diciembre del año 2019. Es decir, en julio del corriente año, el RIPTE se ubicaba en $ 88.274,0, mientras que en el último mes del año 2019 alcanzaba los $ 87.117,4, un avance de $ 1.156,7.
 
Al finalizar el período gobernado por la alianza Cambiemos, el poder de compra de los salarios reales retrocedió un 20% con respecto al valor de diciembre de 2015. Las continuas devaluaciones que impactaron en los costos productivos, la alta inflación y los aumentos exponenciales de las tarifas de los servicios públicos redundaron en un fuerte deterioro de la calidad de vida de los trabajadores. En este marco, la irrupción de la pandemia del coronavirus agravó la crítica situación de la economía argentina en general, y de los trabajadores en particular, es decir, durante los meses de abril y agosto del año 2020, el histórico retroceso de la actividad económica derivó en la postergación de los acuerdos paritarios. En esta coyuntura, la política de ingresos de la actual administración apunta a recomponer el poder de compra de los salarios reales a fin de elevar el consumo, y por ende la demanda global. Por consiguiente, la Resolución General 5076 que reglamenta el Decreto 620/2021 modifica el mínimo no imponible a $175.000 mensuales a partir de octubre del corriente año y alcanzará a más de 1,2 millones de trabajadores registrados ante la Seguridad Social. Vale remarcar que la nueva legislación exime de pagar el impuesto a las ganancias a los aguinaldos de los sueldos en el mes de diciembre. Asimismo, la normativa prevé que las personas cuya remuneración se encuentre entre 175 mil y 203 mil pesos brutos afronten una menor carga tributaria.